By La presidenta se pronunció sobre el polémico cambio al esquema de cotización
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Scheinbaum se pronunció esta mañana sobre las nuevas restricciones aplicables a la denominada Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La mandataria argumentó que su gobierno ha detectado operaciones fraudulentas para la obtención de pensiones elevadas y así obtener beneficios económicos que no corresponden con el perfil de los trabajadores. También mencionó el impacto económico que estas prácticas implican y aseguró que son miles de millones de pesos las obligaciones financieras que ilegalmente ha adquirido el sistema.
Por otra parte, Scheinbaum reconoció que se trata de un asunto complejo que ha sido investigado y ofreció brindar mayor información sobre las irregularidades detectadas en una conferencia posterior. Con estas medidas, aclaró, se pretende disminuir la cantidad de fraudes observados y garantizar suficientes recursos para pensiones reales.
La intervención de la mandataria se da apenas un día después de que el IMSS publicará los cambios en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdo por el que se establecen modificaciones temporales a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40). Los efectos de este acuerdo entrarán en vigor este jueves 22 de octubre de 2026.
Entre los principales cambios dictados por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra el fin de los pagos retroactivos, limitaciones al salario base de cotización e incompatibilidad con la denominada modalidad 10. El conjunto de estas medidas temporales permitirá al Instituto analizar los efectos en sus finanzas de la modalidad 40.
Sobre este asunto, especialistas en derecho laboral y algunos legisladores se han pronunciado argumentando el carácter ilegal y regresivo del acuerdo, pues consideran que el Consejo Técnico carece de facultades para modificar o suspender los derechos contemplados en una norma federal. Complementariamente, explican que esta medida violenta el principio de progresividad contemplado en el artículo 1 de la Constitución; el cual prohíbe que las decisiones del gobierno empeoren o restrinjan derechos alcanzados previamente por la ciudadanía.
En consecuencia, distintas voces advierten de una posible ola de juicios de amparo directo contra el decreto dictado por el IMSS, pues los trabajadores afectados podrían, por su inconstitucionalidad, impugnar el acuerdo. Por otra parte, abogados expertos explican que no puede ser considerado como fraude un esquema diseñado y previsto por ley. Opinan que estas medidas son prueba de un agotamiento en los recursos del instituto y esperan que la ciudadanía responda contra esta arbitrariedad.
Para muchos observadores esta situación genera incertidumbre para miles de trabajadores y establece un precedente de posible crisis en el sistema de pensiones en México.
